Cómo ya había adelantado en el artículo del 25 de septiembre de 2008, Argentina está intentando reintegrarse al sistema financiero internacional; ya había demostrado un indicio de esto en aquél momento cuando se propuso saldar las deudas con los integrantes del Club de París, y aunque la idea no se concretó fue recibida como una buena señal la voluntad de pago y desde Wall Street se le recomendó al Gobierno Nacional algunos cambios para potenciar este efecto:
- Transparentar la inflación.
- Transparentar la economía local.
- Bajar de los subsidios.
- Actualizar los precios de los servicios públicos.
Ya en ese momento se informó que para este año se eliminarían los subsidios a los servicios públicos, como el gas y la energía, dato que pasó desapercibido para muchos, pero que no fue olvidado por nuestros representantes.
Este tan cuestionado aumento de los servicios no respondía ni más ni menos al plan que ya se venía gestando desde el año pasado para darle un giro a la política económica de los Kirchner y con el cuál el Gobierno pensaba ahorrarse $ 1.000 millones de subsidios (actualmente la cifra asciende a $ 8.000 millones). Esta era, en mi opinión, una correcta medida desde el punto de vista técnico aunque no me convenga como consumidor porque hubiese sido una demostración de la búsqueda de un cambio; por supuesto que no fue la forma ni el momento adecuado, quizás un aumento más paulatino, que pueda ir permitiendo a los usuarios adecuarse a las nuevas tarifas de a poco, quizás podría haberse comunicado con anticipación, que permita a los grandes contribuyentes ir planificando los nuevos costos. Pero no sucedió así, recibida la factura con los nuevos importes, de improvisto y con tan fuertes aumentos, generaron la reacción que todos conocemos, con la intervención de la Defensoría del Pueblo y juicios por doquier que terminaron por lograr una marcha atrás de esta medida. Bien para el consumidor, mal para el mundo.
En cuanto a ratios (y en particular la inflación) el INDEC empieza a intentar recuperar la confianza perdida de sus informes, primero despegando la imagen de Moreno del Instituto (desarrollado en mi artículo anterior) y segundo creando una Consejo Académico integrado por expertos de las universidades de Buenos Aires, Tres de Febrero, Mar del Plata, Rosario y Tucumán.
Este Consejo Académico se encargará de analizar la forma en que el Indec realiza sus mediciones y realizará informes que luego serán puestos a disposición del sector privado, entre los que se encuentran los banqueros, industriales y otros.
Y si bien aún no existen datos que concuerden con la realidad (o al menos, con el relevamiento privado) sí se reconocen aumentos poco felices en la inflación de julio que ascendió a 0.6% (y para los privados entre 0.9% y 1.2%) y el desempleo al 8.8% (contra un 10.5%)
Sin ninguna duda, esta segunda acción también es correcta, aunque llevará tiempo ir logrando una salida “decorosa” del INDEC de Moreno.
Ahora bien ¿Por qué se busca un acercamiento al FMI, tal como lo reconoció el nuevo Ministro de Economía, Amado Boudou?
Es evidente la necesidad de nuevos fondos para mantener el alto nivel de gasto público actual, hace casi dos años que Argentina no tiene estabilidad económica que le permita al Gobierno recaudar y, habiendo ya echado mano a las reservas y a los fondos del Anses, no queda más alternativa que volver al reencuentro de los organismos internacionales para otra vez volver a engrosar la deuda externa.
Aunque si esto sucede también acarrea otras consecuencias aún más negativas, según en artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, trimestralmente este organismo debe auditar las cuentas nacionales de todos sus miembros, cosa que no sucede con las argentinas desde que se declaró el default en el año 2002. Pero, si se normalizan las relaciones con dicho organismo, se deberá cumplir con este artículo y es más que probable que entonces se descubran algunos “errores técnicos” propios de esta gestión y tengamos más de un sobresalto nacional.
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